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    El Servicio Catalán de Tráfico tramita prohibir camiones por la N-340 y N-240 para que pasen por peaje

    N-340 a su paso por Tarragona N-340 a su paso por Tarragona Transporte Profesional

    La Dirección General de Tráfico y el Servicio Catalán de Tránsito se han coordinado para tramitar, de manera simultánea, los proyectos normativos de restricción a la circulación de camiones de cuatro o más ejes, por las provincias de Castellón, Tarragona, Lérida y el sur de Barcelona, prohibiendo su paso por las carreteras nacionales N-340 y N-232, y obligándoles a circular por las autopistas de peaje AP-7 y AP-2.

    Mientras el proyecto de resolución de la Dirección General de Tráfico prevé la restricción en la N-340 entre los municipios de Peñíscola y Vinaroz, el proyecto de resolución del Servicio Catalán de Tránsito ha diseñado la restricción en la N-340 entre los términos de Alcañiz y Hospitalet de L'Infant y entre Altafulla y Villafranca del Penedés, y en la N-240 desde Borges Blanques y Montblanc, por lo que los camiones deberán desviarse de forma obligatoria por la AP-7 y la AP-2, respectivamente.

    Esta prohibición es consecuencia de las negociaciones mantenidas entre el anterior Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para mejorar la seguridad vial en la carretera N-340, a su paso por las provincias de Castellón y Tarragona, lo que obligará a que el Servicio de Tránsito de Cataluña (el organismo homólogo a la DGT) apruebe una restricción similar en el recorrido por la provincia catalana, así como acordar con la concesionaria de la autopista el establecimiento de bonificaciones a los transportistas que, de forma obligatoria, pasen por la AP-7.

    La DGT tramita un proyecto para prohibir el paso de camiones en las provincias de Castellón, Tarragona, Lérida y Barcelona por la N-340 y lo hagan de forma obligatoria por la AP-7 y AP-2

    La Ley de Presupuestos Generales del Estado ha incluido una partida presupuestaria, incluida en el plan de desvío voluntario de camiones a las autopistas de peaje, que está dotada con 45 millones de euros, con el objetivo de promocionar, con carácter voluntario, el uso de autopistas de peaje por parte de los transportistas (entre otras, la AP-7), por las ventajas que tiene para la descongestión de las carreteras nacionales y la mejora de la seguridad vial.

    El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha anunciado que la autopista AP-7 será gratuita cuando venza la actual concesión, que sucederá a finales de 2019.

     

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