El pasado 25 de agosto, el Congreso de los Diputados aprobó el Real Decreto-Ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el sector del transporte, fruto de los acuerdos alcanzados el pasado mes de julio entre el Ministerio de Transportes y las organizaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera, el cual incluye la nueva línea de ayudas directas dirigida a transportistas y taxistas similar a la establecida finales del pasado mes de marzo, así como la denominada Ley de Cadena del Transporte, que incluye medidas estructurales y de reequilibrio de las relaciones comerciales entre los transportistas y sus clientes. Entre otras destaca la generalización de la contratación por escrito y la prohibición de contratación a pérdidas en el transporte de mercancías por carretera, emulando los principios de la ley de Cadena Alimentaria del sector agrario.
Esta última medida es pionera en todo el ámbito de la Unión Europea, ya que ningún otro Estado miembro tiene una regulación similar en el transporte por carretera
Hay que recordar que no se trata de imponer unas tarifas obligatorias por la prestación de servicios de transporte, ya que eso vulneraría la legislación nacional como europea en materia de libre competencia, sino que determina la prohibición de que se impongan unos precios por la realización de un servicio de transportes que no permitan cubrir los costes de explotación de dicho servicio.
Dado que el acuerdo de convalidación del Decreto-Ley incluye su conversión en proyecto de Ley, esto posibilitará introducir enmiendas durante su tramitación parlamentaria, aunque el contenido del Decreto-Ley es de plena aplicación desde su aprobación.
Hay que tener en cuenta que su carácter innovador obligará en el futuro a ir mejorándola sobre la base a su aplicación práctica, como así ocurrió con la Ley de Cadena Alimentaria en el sector agrario que, desde su aprobación en 2013 hasta la actualidad, ha sido objeto de, al menos, cuatro modificaciones legales posteriores.