REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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El nuevo ROTT estableció la exigencia de que la vinculación del gestor con la empresa fuera real y efectiva, detallando por primera vez las funciones que debe desarrollar, como la supervisión en la empresa transportista de las autorizaciones de transporte, los contratos de transporte, documentos de control, contabilidad, organización de trabajo de los conductores, vehículos habilitados y su mantenimiento, utilización del tacógrafo, etc.
Para acreditar dicha vinculación real y poder desarrollar adecuadamente dichas funciones, el nuevo ROTT exigió que el gestor de transporte esté vinculado laboralmente a jornada completa, en los casos en que ni el transportista autónomo ni ninguno de los socios (en el caso de empresas societarias) posean por sí mismo el título de competencia profesional. El gestor tiene que estar contratado como asalariado durante ocho horas diarias y en categoría profesional no inferior a jefe de tráfico o de administración, salvo si el gestor de transporte es cónyuge o pariente hasta el segundo grado del transportista autónomo, ya que, en ese caso, deberá figurar como autónomo colaborador.
Fraude en la gestión de las empresas de transporte
Aunque dicha obligación laboral se revisa por las administraciones autonómicas de transporte con ocasión del visado de las autorizaciones que se lleva a cabo cada dos años, en los últimos meses se está detectado un incremento de fraudes para eludir su cumplimiento fomentadas por algunas gestorías, que consiste en contratar de forma interrumpida al gestor de transporte, con el correspondiente ahorro de costes salariales y sociales. Esto, además de suponer un fraude laboral, genera una grave competencia desleal al resto del colectivo de transportistas.
Para luchar contra dichas prácticas ilegales, las asociaciones que componen el Comité Nacional de Transporte por Carretera han solicitado al Ministerio de Transportes. Movilidad y Agenda Urbana que refuerce el control de dicho requisito en coordinación con las comunidades autónomas, adoptando las medidas legales y administrativas que sean necesarias para garantizar su cumplimento, procediendo, en caso contrario, a la revocación de las autorizaciones de transporte y correspondientes sanciones muy graves, tanto en el ámbito de transporte como incluso laboral.