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Las Juntas Generales han interpuesto un incidente de nulidad contra la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirma la nulidad de los peajes dictada en su día por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco a la primera norma foral que estuvo en vigor entre enero de 2018 y mayo de 2019, que fue sustituida por una versión corregida que es la que se sigue aplicando, pese al pronunciamiento también en contra del Tribunal Superior de Justicia y sobre el que deberá pronunciarse en los próximos meses el Tribunal Supremo.
El fondo de la norma foral ya ha sido analizado tres veces por altos tribunales y las tres veces lo han declarado ilegal
En el recurso judicial planteado (que según diferentes fuentes jurídicas consultadas no parece que pueda tener muchas probabilidades de prosperar), se insiste en el que el sistema de peajes establecido tuvo el beneplácito de la Comisión Europea y que, por ello, el Tribunal Supremo debería haber planteado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo antes de pronunciarse, ya que la jurisprudencia europea invocada no sería de aplicación al caso. Sin embargo, una vez más, no tiene en cuenta que la Comisión se limita a validar los aspectos técnicos de los peajes a aplicar, no entrando a valorar sobre el carácter discriminatorio o no de la medida, que es lo que ha motivado la sentencia desfavorable a la legalidad de los peajes establecidos.
Sea cual sea la decisión del Tribunal Supremo, el fondo de la Norma ya ha sido analizado tres veces por altos Tribunales y las tres veces lo han declarado ilegal, por vulnerar un principio tan fundamental como es el de no discriminación, por lo que cualquier artimaña judicial que pretenda llevarse a cabo para tratar de “entorpecer” los efectos de dicho pronunciamiento reiterado tan contundente no va a conseguir borrar su carácter discriminatorio.