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AOP considera que, aunque la fórmula escogida no grava los beneficios sino la facturación, se justifica en la exposición de motivos con base en unos supuestos beneficios extraordinarios.
La asociación subraya que el sector del refino, global, está sometido a la competencia internacional. Por ello, los beneficios no se distinguen por su carácter ordinario o extraordinario, sino que son cíclicos y fruto de unas condiciones de mercado potenciadas por unas inversiones realizadas a riesgo, sin una tarifa regulada que asegure su rentabilidad.
Compromiso extraordinario
Lo que hoy pueden parecer beneficios “extraordinarios”, en 2020 fueron pérdidas “extraordinarias”, ya que, como consecuencia del compromiso del sector con el país en momentos de dificultad, durante la pandemia se mantuvieron operativas todas las refinerías y abiertas el 98% de las estaciones de servicio, a pesar de caídas de la demanda sin precedentes.
Después, ante la invasión rusa de Ucrania, las compañías asociadas a AOP han ofrecido descuentos adicionales a los carburantes a los impulsados por el gobierno para aliviar el esfuerzo de los clientes. Las compañías asociadas han garantizado el suministro y apoyado a los clientes en un contexto de tensión en las cotizaciones internacionales de la gasolina y el gasóleo, principal variable a la hora de determinar el precio de los combustibles, junto con los impuestos, para proteger a la ciudadanía en las crisis de los últimos dos años.
La industria del refino española hizo una apuesta en el periodo 2008-2012 distinta a la de otros países europeos y a lo que el ciclo económico parecía recomendar. Mientras en la UE se cerró el 10% de la capacidad de refino, en España se invirtieron casi 7.000 millones de euros para dotar a las refinerías de más capacidad de conversión y más flexibilidad.
AOP considera que, aunque la fórmula escogida no grava los beneficios sino la facturación, se justifica en la exposición de motivos con base en unos supuestos beneficios extraordinarios
Desde la invasión de Ucrania por Rusia, esta apuesta del sector se ha revelado como un auténtico activo estratégico para el país, garantizando la seguridad de suministro. En las dificilísimas y excepcionales circunstancias actuales, España sigue siendo exportadora neta de gasolina y gasóleo, posicionándose en una situación muy distinta a la de otros países europeos.
Querer gravar hoy estos beneficios carece de sentido. Basar el nuevo gravamen en beneficios coyunturales solamente tendría sentido si al tiempo se aportasen ayudas ante pérdidas coyunturales, como la vivida en el año 2020. En aquel momento el sector tuvo que afrontar pérdidas para poder garantizar en España el suministro de productos de primera necesidad y la movilidad de los servicios esenciales.
Los recursos de las compañías del sector son imprescindibles para seguir acometiendo las inversiones para alcanzar la neutralidad climática, que van a requerir miles de millones de euros en las refinerías españolas, con una apuesta por la industria y el empleo, pese a la incertidumbre normativa en torno a estas inversiones.
AOP presentó su Estrategia de Evolución hacia los Ecocombustibles en 2019 y, tres años después, las compañías asociadas han demostrado claramente su compromiso con el objetivo de cero emisiones netas y con el futuro del país anunciando inversiones milmillonarias y poniendo en marcha proyectos para que el sistema de refino, que ha demostrado ser uno de los más competitivos y flexibles, sea el más sostenible. Para no poner en riego estas inversiones, es necesario un marco legal estable y un diseño de la transición energética que deje competir a todas las alternativas en igualdad de condiciones.
Los recursos de las compañías del sector son imprescindibles para seguir acometiendo las inversiones para alcanzar la neutralidad climática
Contexto complejo
Desde AOP creen que España tiene un marco jurídico estable y seguro, que protege a ciudadanos y empresas. El contexto es complejo de estudiar y de abordar, por ello, requiere de un mayor esfuerzo de diálogo y análisis. Las decisiones tomadas en otros países europeos no tienen por qué ajustarse a la realidad española. Por ello, anima a buscar fórmulas propias que garanticen a ciudadanos y empresas un trato justo, equitativo y basado en los hechos.