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Según consta en el propio texto legal, además de la satisfacción de las deudas a los acreedores, aunque no sea en los plazos convenidos en un primer momento, ni en su totalidad, el concurso de acreedores tiene como objetivo la supervivencia de la persona física o jurídica deudora, es decir, evitar la liquidación de la empresa. De hecho, en algunos casos el contenido de la norma avala que los acreedores puedan quedarse sin cobrar todo o parte de sus deudas, o tengan que esperar largo tiempo para cobrarlas, con tal de que la actividad económica no desaparezca. Casi se puede decir que sólo los casos más extremos terminarán con la liquidación.
El deudor es cualquier persona física o jurídica que caiga en insolvencia (se considera como insolvencia la incapacidad para pagar las deudas a su vencimiento por falta de recursos financieros). Y se denomina acreedor a toda aquella persona física o jurídica a la que se le adeuda una cantidad por motivos comerciales. La solicitud del concurso de acreedores la puede presentar el propio deudor, en ese caso se califica como concurso voluntario; se denomina concurso necesario si lo piden uno o varios de los deudores.
Declarado el concurso por el juez, éste nombra un administrador concursal para administrar los bienes y deudas del insolvente. El administrador estudia la situación patrimonial, realiza un informe y puede acordar con los acreedores un convenio para el pago de las deudas. En el convenio se incluye un plan de pagos y otro de viabilidad. Se fija la forma de pago de las deudas (hasta en cinco años y con minoraciones; además, una vez que se haya declarado el concurso, no podrán iniciarse ejecuciones judiciales ni extrajudiciales, ni seguirse apremios administrativos o tributarios contra el patrimonio del deudor).
Cuando no se logra un convenio, se liquida el patrimonio y se paga a los acreedores. Por otra parte, el concurso de acreedores es un procedimiento muy costoso: hay que pagar abogado, procurador, administrador, etc.
La Ley de 2003 ha recibido varias modificaciones: a través del Real Decreto Ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, y la Ley 38/2011, de 10 de octubre, que ha entrando en vigor en enero de este año. El objetivo de esta última revisión es facilitar a empresas y particulares la renegociación de deudas fuera del juzgado con el fin de evitar el concurso de acreedores (y los costes que acarrea), de manera que los deudores puedan llegar a acuerdos de refinanciación previos a la declaración del concurso si reciben el respaldo de los acreedores que representen el 60% de las deudas y si la compañía cuenta con un informe favorable de un experto independiente. Se modificó también para que el deudor mejore sus recursos financieros durante el concurso y su situación económica no siga empeorando.