El Ejecutivo comunitario considera que la aplicación de Ley de Salario Mínimo a todas las operaciones de transporte que se realizan en territorio alemán restringe la libre prestación de servicios y la libre circulación de mercancías de una manera desproporcionada.
En opinión de la Comisión Europea, la aplicación de medidas alemanas a tránsito y ciertas operaciones de transporte internacional no se justifican, ya que crean barreras administrativas desproporcionadas que impiden que el mercado interior funcione de forma correcta. Bruselas considera que hay disponibles medidas más convenientes para garantizar la protección social de los trabajadores y garantizar una competencia justa, al tiempo que permite la libre circulación de bienes y servicios.
Alemania es el 22º país de la Unión Europea que introdujo el salario mínimo en su política laboral. La Ley entró en vigor el 1 de enero de 2015, y se fijó el indicativo en 8,5 euros la hora. La norma también se aplica a las empresas de fuera del país que prestan servicios en Alemania. Las autoridades aduaneras son competentes para el control de la ejecución de este tipo de notificaciones.
Las sanciones por el incumplimiento de estas obligaciones de notificación van desde los 30.000 a los 500.000 euros, en caso de que la remuneración pagada al conductor no se ajuste a la Ley alemana.