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Además, las agencias especializadas en calificar la solvencia de las empresas están reduciendo el rating de las empresas cargadoras e intermediarias que son sancionadas en materia de plazos de pago, por lo que, a la sanción administrativa se une la penalización de su capacidad de financiación de las empresas sancionadas que figuran en el listado de empresas morosas que publica cada seis meses el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Los últimos meses de 2024 han confirmado la tendencia positiva habida a lo largo del año en la reducción de los plazos de pago a los transportistas por parte de sus clientes. El pasado mes de diciembre se rebajó hasta los 63 días de media, plazo medio récord nunca alcanzado desde que se viene publicando el Observatorio Permanente de la morosidad que elabora la Fundación Quijote para el Transporte.
En ese mes, las empresas cargadoras e intermediarias que incumplen la legislación sobre morosidad, esto es, con plazos de pago superiores a 60 días, se redujo hasta el 48%, destacando que, en el 73% de los casos, los excesos de plazo de pago fueron leves, (entre 60 y 90 días).
La morosidad en el transporte de mercancías por carretera
Sin embargo, en el lado opuesto hay todavía un 6% de empresas incumplidoras que aún pagan de 120 días, aunque inferior al que se producía en 2022, en el que esta franja de incumplimiento se situaba en más del 20% de la empresas cargadoras.
Esta mejora de la morosidad se traduce en que, desde que se aprobó el régimen sancionador contra la morosidad a finales de 2021, los plazos de pago se han reducido en 20 días de media.
En cuanto a los medios de pago que son utilizados de forma más habitual para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo la transferencia (75%), el confirming (21%), el pagaré (4%) y el cheque (<1%).
Además, a la sanción económica que se están imponiendo a las empresas cargadoras e intermediarias que incumplen la legislación de los plazos legales de pago por parte de la Inspección de Transportes, se une la penalización adicional que están aplicando las principales agencias especializadas en la calificación de la solvencia de las empresas a aquellas que figuran publicadas en la lista de empresas morosas sancionadas que cada seis meses publica el Ministerio de Transportes, lo que afecta directamente a su rating, dificultando su capacidad de financiación.