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Dicha conclusión se extrae tanto de la auditoría realizada por la consultora KPMG, así como del dictamen emitido por el Consejo Consultivo de La Rioja, que consideran que Royo recibió del anterior Gobierno autonómico de La Rioja una subvención encubierta por importe de 3.650.000 euros para la puesta en marcha del proyecto del Centro Logístico Intermodal de La Rioja (CLIR), vulnerando la normativa de ayudas públicos.
Esta normativa trata de impedir que los entes públicos puedan favorecer a determinadas empresas en detrimento de sus competidoras, lo que supone falsear la competencia. Para CETM La Rioja "no sólo se ha beneficiado a Royo, construyéndose con cargo a fondos públicos una estación intermodal que después se le entrega gratuitamente sin ningún tipo de contraprestación, sino que además, desde que entró en funcionamiento este CLIR, ninguna empresa de transporte, excepto Royo, ha podido utilizar la infraestructura multimodal".
El Centro Logístico Intermodal de la Rioja, en entredicho
Pese a construirse con cerca de 4.000.000 de euros, "se trata del único centro intermodal en territorio nacional que está vetado al uso de terceros y la única estación de transporte multimodal que no dispone de unas tarifas públicas que permitan el pago por el uso de éste" aseguran desde la asociación riojana de transporte.
En casos similares, la Unión Europea obliga a la devolución de las ayudas indebidamente percibidas, como ocurrió en el caso de las “vacaciones fiscales vascas”
De igual forma, los informes de KPMG y el Consejo Consultivo de La Rioja concluyeron que en dicha operación se vulneró la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Fundaciones, por lo que CETM La Rioja emprenderá acciones penales por si los hechos fueran constitutivos de delitos de prevaricación, malversación, administración desleal, falsedad documental y otros que pudieran averiguarse durante la instrucción de la causa.