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Según Fomento, la R-4 será la primera de las ocho autopistas de peaje en quiebra que revertirá al Estado, para garantizar la prestación del servicio y la subrogación de todo el personal de estas carreteras (cerca de 700 personas), en las mismas condiciones que en la actualidad.
La Ley de Contratos del Sector Público prevé que, en el caso de que una concesión de obra pública inicie la fase de liquidación en un concurso de acreedores, exista la obligación legal de resolver el contrato de concesión y que la infraestructura revierta a la administración.
En la actualidad, hay ocho concesiones de autopistas de peaje que se encuentran en diversas fases de este proceso que se espera que terminen con dicha reversión. Para poder seguir prestando el servicio, el Consejo de Ministros aprobó un convenio de gestión directa entre el Ministerio de Fomento y Seittsa para poderse hacerse cargo de su gestión.
Las autopistas actualmente en quiebra son la Radial 2, Radial 3 y 5, Radial 4, M-12, AP-36 (Ocaña-La Roda), AP-7 (circunvalación de Alicante) y AP-7 (Cartagena-Vera). El cálculo de Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA) asociada a estas autopistas se hará en los seis meses siguientes a la resolución administrativa de los contratos de las autopistas, por lo que Fomento asegura no disponer de una previsión oficial de la cuantía que podría alcanzarse.
El objetivo del Ministerio de Fomento es licitar y adjudicar estas autopistas durante el año 2018.
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