
Así, el pasado mes de diciembre se produjo una fuerte disminución en los plazos de pago frente a los meses anteriores, conforme a los resultados obtenidos del Observatorio permanente de la morosidad que elabora mes a mes la Fundación Quijote para el Transporte, situándose en 66 días de media, muy próximo al plazo de máximo legal de pago que marca la ley, que son 60 días.
Ello ha supuesto que en 2023 la media anual se haya situado en 69 días, frente a los 74 días en 2022 y los 83 días en 2021, año en el que se aprobó el régimen sancionador en materia de morosidad en el transporte por carretera, lo que ha contribuido a una reducción en los plazos de pago de casi el 20% a lo largo de los últimos dos años.
Ley contra la morosidad en el transporte
En este mes de las empresas cargadoras e intermediarias que incumplen la legislación sobre morosidad, en el 66% de los casos los excesos de plazo de pago son leves, es decir, entre 60 y 90 días. Sin embargo, en el lado opuesto hay un 11% de empresas incumplidoras que aún pagan de 120 días, aunque inferior al que se producía en 2022, en el que esta franja de incumplimiento se situaba en más del 20%.
En cuanto a los medios de pago que son utilizados más forma más habitual para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo, por este orden, la transferencia (70%), el confirming (27%), el pagaré (3%) y el cheque (<1%).