REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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La oleada de protestas de grupos agrarios en los últimos meses utiliza tácticas similares: bloquear rutas comerciales clave, incluidas las conexiones de autopistas, fronteras, centros de distribución y puertos, para interrumpir el transporte.
Los conductores quedan atrapados en la carretera, tomados como rehenes durante largos períodos sin acceso a alimentos, agua e instalaciones sanitarias, mientras que los productos se entregan con retrasos masivos. La Organización Mundial de la Carretera (IRU) ya ha instado a las autoridades de la Unión Europea y nacionales a hacer más para mantener abiertas las rutas vitales de comercio y movilidad.
El coste promedio para el conductor u operador de un camión bloqueado es de unos 100 euros por hora. Los costes pueden aumentar con rapidez, afectando sobre todo a conductores propietarios y empresas de transporte pequeñas y medianas. Los costes económicos más amplios ya se han elevado a muchos millones de euros.
"La libertad de expresión no equivale a la libertad de destrucción" afirma Raluca Marian, directora de Advocacy de la IRU
Las protestas se han vuelto cada vez más violentas, sobre todo en Francia. Camiones y conductores atacados por bandas de manifestantes enmascarados que dañan vehículos y destruyen carga, en especial, alimentos. Esto constituye daño criminal contra un camión y su conductor, contra el sector del transporte en su conjunto y contra las personas para las que está destinada la comida.
Los manifestantes atacan sobre todo a camiones registrados en el extranjero, a menudo, de países vecinos. Los valores de la carga varían de forma considerable, pero un camión puede transportar alimentos valorados en 100.000 euros o más. La carga dañada supone costes para los conductores y operadores. El seguro no cubre los daños porque la mayoría de las pólizas excluyen los disturbios. Tampoco lo hacen los clientes.
La directora de Advocacy de la IRU en la UE, Raluca Marian, ha declarado que "ya es suficiente. Los conductores inocentes y los operadores de transporte solo intentan hacer su trabajo, llevar alimentos y otros artículos esenciales a los mercados de toda Europa".
"Todos tienen derecho a protestar, pero no tienen derecho a amenazar a los conductores, atacar camiones y destruir propiedades. Y si ocurren demoras costosas, ataques y destrucciones, alguien debe pagar por ello", agregó.
Compensar a las víctimas de los cortes de los agricultores
Para la IRU, los gobiernos de toda Europa han fallado en garantizar la continuidad de las cadenas logísticas y proteger a los conductores que intentan hacer su trabajo. La falta de acción del Gobierno y la protección del Estado de derecho a menudo se demuestra con imágenes de la policía que está presente en la escena, pero no intenta detener el daño criminal.
Raluca Marian afirma: "los gobiernos tienen el deber de garantizar la libre circulación de bienes y la seguridad de los conductores y su carga. El colapso sistemático de la autoridad y el orden visto con estas protestas plantea la legítima demanda de compensación de las víctimas, los operadores de transporte, a los gobiernos por sus pérdidas".
"Si los gobiernos no cumplen su papel protector, deben pagar por los daños. Nadie más lo hará. Los operadores de transporte ahora necesitan procesos simples y transparentes para reclamar compensación".