REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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Estas entidades instan a todos los partidos políticos a que asuman la firma de un pacto de estado por la seguridad vial, que ponga el foco en el objetivo cero víctimas.
También les piden que introduzcan la seguridad vial en el debate político y que incluyan acciones concretas en sus programas electorales con el fin de frenar los siniestros viales, que en España acabaron con la vida de 1.830 personas en 2017, cerca de cinco víctimas al día, y causaron más de 9.000 heridos graves.
Entre las 80 medidas de las que consta el Pacto se encuentra la de incrementar en 300 millones de euros la partida destinada a la conservación viaria en los Presupuestos Generales del Estado con el fin de recuperar el déficit acumulado, mejorar el firme de las carreteras e invertir en equipamiento que salva vidas, como las barreras de seguridad, así como en vías 2+1, y mayor señalización e iluminación, especialmente en las carreteras convencionales, por las que circula aproximadamente el 40% de los vehículos y donde se producen cada año el 75% de los accidentes mortales.
Promover la seguridad de los vehículos es otro de los objetivos que persigue el plan, que pone de manifiesto la necesidad de que los fabricantes de automóviles acorten los plazos para incorporar los últimos avances tecnológicos como elementos de serie y desde las versiones más económicas.
También sugiere al Gobierno que trabaje en un nuevo Plan PIVE para facilitar la renovación de un parque de vehículos más seguros y ecológicos, y que promueva la instalación de limitadores inteligentes de velocidad.
El documento también pone el foco en reforzar la seguridad de las ciudades, donde fallecieron 509 personas en 2018 y se registraron 4.780 heridos hospitalizados. En este sentido, propone medidas para garantizar la seguridad de los usuarios más vulnerables (peatones, ciclistas y motociclistas), con carácter urgente.
Inmediatez de la justicia, fomento de los juicios rápidos y aplicación estricta de la ley para evitar sentencias contradictorias. Es otro de los puntos que recoge el documento, que plantea la necesidad de que se agilicen los procedimientos judiciales, que se mejore la atención a las víctimas en los Tribunales de Justicia y que intervenga el Ministerio Fiscal en todos los procesos penales, por siniestros con fallecidos o heridos graves.
