REVISTA TRANSPORTE PROFESIONAL
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El proyecto que maneja el Ministerio de Fomento para intentar solucionar la insolvencia de las empresas que construyeron las autopistas radiales de Madrid (R-2, R-3, R-4 y R-5) se fundamenta en volver a crear una empresa pública de autopistas nacionales, más la incorporación de otras concesiones que terminarían su vigencia en los próximos años.
Así, la primera autopista de peaje que se nacionalizará bajo el nuevo paraguas es la AP-1 (entre Burgos y Guipúzcoa), en manos de la empresa Itínere y cuyo contrato finaliza en 2018. La segunda es la AP-7, que cruza el corredor mediterráneo y que en estos momentos gestiona Abertis, con un plazo de caducidad hasta 2019.
La cuestión es que Fomento ha anunciado su intención de no prorrogar las concesiones de las autopistas de peaje rentables, cuyos contratos terminan en la próxima legislatura. La intención de la ministra Ana Pastor se fundamentan en la necesidad de dotar a la nueva sociedad pública de un número de autopistas rentables que ayuden a compensar los recursos que no se han podido conseguir de las carreteras en quiebra.
Durante 2015, el tráfico de las autopistas radiales creció un 7,2%. Sin embargo, su uso es un 62% inferior a la media de las 28 autopistas y túneles de peaje del Estado.