El presidente de la CETM, Ovidio de la Roza, presentó la jornada y explicó que "la política europea de transportes vive momentos de incertidumbre, peligros e inconvenientes. Tenemos una legislación muy fragmentada y eso impide que seamos competitivos". En cuanto a la negociación colectiva, la calificó que "excesivamente dispersa, desordenada, obsoleta y con costes significativos diferenciales".
El abogado experto en legislación laboral, José Manuel Pereira, ofreció un panorama del momento en el que se encuentra la negociación colectiva del transporte en nuestro país. Según sus palabras, en la actualidad tenemos 57 convenios de transporte, de los que 17 se encuentran en vigor, 16 en ultractividad indefinida y seis decaídos o caducados. "Además, hay unas diferencias enormes e injustificadas de los convenios provinciales, con especial incidencia en los salarios, que difieren hasta en un 104% del más bajo al más alto".
En cuanto a la normativa que parte de Fomento, el subdirector general de Ordenación y Normativa de la Dirección General de Transportes Terrestres, Emilio Sidera, se refirió a la posible revisión de la norma de acceso a la profesión y a la actividad del transporte, regulados por los Reglamentos 1071 y 1072. Según sus palabras, "no se pueden cambiar cada cuatro años las reglas del juego, hay que dejar cierto reposo de la normativa vigente. Ambos reglamentos son suficientemente claros en su terminología, y las definiciones están suficientemente claras".
El director de Relaciones con la Unión Europea de la CETM, José María Quijano, explicó el funcionamiento interno de los diferentes órganos que conforman la Unión Europea (Consejo, Parlamento, Consejo de Ministros, Comisión Europea y sus diversos comités, tribunales y agencias), que han ido incorporándose desde su fundación, en 1951 y, posteriormente, en 1957, con el Tratado de Roma.
Respecto al transporte, destacan como puntos fundamentales el control del cabotaje, la mejora de los aspectos sociales y de seguridad vial, y la financiación público-privada de las infraestructuras. No obstante, en la balanza y como aspectos negativos, se encuentra la modificación del Reglamento 561 (tiempos de conducción y descanso); la revisión de la fiscalidad de los hidrocarburos; la posible implantación de la Euroviñeta en general; la unificación de los telepeajes; el control de las empresas-buzón y una Directiva sobre el salario mínimo.
En este asunto, cabe destacar la intervención de Salvador Díaz, representante en Francia del “salario mínimo” (en vigor desde el 22 de julio), quien señaló la existencia de numerosas dudas para su aplicación efectiva, en vista de las divergencias sobre los justificantes de desplazamiento y contrato de trabajo que deben presentar las empresas españolas ante las autoridades galas, con el fin de demostrar que sus conductores cobran un mínimo de 10 euros a la hora. En principio, este requisito no afecta a los trabajadores autónomos.