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De hecho. conforme a los datos hechos públicos por el Ministerio de Transportes correspondiente a la ejecución del Plan Nacional de Inspección de Transporte de 2023, en materia de control de la morosidad se impusieron un total de 3.411 sanciones por incumplir los plazos máximos legales de pago, lo que supuso casi un 2.000% más de inspecciones en este ámbito como consecuencia de su inclusión como actuación prioritaria.
El pasado mes de marzo se produjo una fuerte disminución en los plazos de pago frente al mes anterior, situándose por primera vez desde que se viene elaborando el Observatorio permanente de la morosidad que se elabora mes a mes, en colaboración con la Fundación Quijote para el Transporte, en 64 días y muy próximo al plazo de máximo legal de pago que marca la ley.
Cómo son las sanciones por morosidad en el transporte
De las empresas cargadoras e intermediarias que incumplen la legislación sobre morosidad, en el 70% de los casos los excesos de plazo de pago son leves, es decir, entre 60 y 90 días. Sin embargo, en el lado opuesto hay un 7% de empresas incumplidoras que aún pagan de 120 días, aunque inferior al que se producía en 2022 en el que esta franja de incumplimiento se situaba en más del 20%.
En cuanto a los medios de pago que son utilizados más habitualmente para el pago de los servicios de transporte, continúan siendo por este orden, la transferencia (68%), seguido del confirming (28%), el pagaré (4%) y el cheque (<1%).
Por otra parte, este martes 23 de abril el Parlamento Europeo, en su último plenario antes de las elecciones de junio, ha aprobado el nuevo Reglamento Europeo contra la Morosidad, que es de obligado cumplimiento y prevé sancionar a las empresas morosas si exceden del plazo de pago general fijado en 30 días, reduciendo el plazo máximo establecido en 60 días.
En todo caso, después de su aprobación en el Parlamento, la normativa tendrá que pasar por el Consejo de la Unión Europea.