Pero lo expuesto anteriormente sólo es válido cuando las cooperativas desempeñen su actividad de acuerdo a la normativa vigente. Desgraciadamente, el número de cooperativas de trabajo asociado que actúan de manera irregular ha crecido en los últimos años, probablemente ante la necesidad de que los socios no tuvieran que disponer de la capacitación profesional necesaria y evitar además constituir una empresa con la dimensión mínima exigida.

Las cooperativas, tanto de transporte como de trabajo asociado, son estructuras empresariales que buscan a través de la asociación de personas físicas o jurídicas generar riqueza y empleo. Además, al prescindir la cooperativa de la figura del empresario, convertido en esta ocasión en socio-cooperativista, se produce el ahorro del beneficio empresarial que le correspondería, pasando a distribuirse los resultados obtenidos entre los socios de la misma.

En nuestro número de abril publicábamos un artículo sobre el último proyecto de la Ley de Puertos, consensuado entre PSOE y PP, que puede suponer, de hecho, la liberalización de la estiba en los puertos. Aparte de la propia actividad portuaria, uno de los estamentos más beneficiados serían los transportistas, pues se establece un nuevo régimen de autoprestación y la exención a los actuales estibadores de la manipulación de la carga rodada. Este trabajo sería realizado por el personal de las navieras o bien por trabajadores cualificados de las empresas de transporte. Bien, sabíamos que la cosa no iba a resultar tan fácil, pues en el centro de esta “marabunta” (seis años ya de negociaciones) están los sindicatos, quienes no sólo han mostrado su disconformidad, sino que irán a la huelga este mismo mes con paros intermitentes antes del indefinido. No es cierto, como dicen, que peligren 1.500 puestos de trabajo, pero ahí están. La “retranca” viene por aquello de qué hará ahora el Gobierno. ¿Lo que viene haciendo?

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Esta vez es la “refinitiva” para el desbloqueo de las negociaciones que se vienen manteniendo desde hace años con los sindicatos sobre el II Acuerdo General Laboral. El próximo 5 de mayo es la fecha clave para llegar a un consenso definitivo. En estos momentos todavía persisten 21 puntos sobre los que no se ha alcanzado un acuerdo; sin embargo, de éstos, podría decirse que 6 son los realmente conflictivos. Hablamos del problema de los carretilleros; de la jornada laboral; del régimen disciplinario; de la jubilación parcial; del tiempo parcial y de los derechos sindicales. Se supone que el resto debe resolverse con relativa facilidad. En el caso de que no se consiga, la patronal elaboraría una última y definitiva propuesta con las aportaciones –también definitivas- de los sindicatos, que posteriormente sería remitida a éstos. Su respuesta, sin más preámbulos, debería ser afirmativa o negativa a todo el conjunto. Si es positiva se firmará el II Acuerdo; si la respuesta es “no”, se romperán definitivamente las negociaciones.

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Un vez más, Tráfico, en lugar de flexibilizar la circulación y de eliminar trabas al transporte de mercancías por carretera en estos momentos de crisis, continúa poniendo trabas al sector. La irresponsabilidad de generar confianza entre nuestras empresas, que adquirieron compromisos comerciales que después no pudieron cumplir, no sólo ha producido perjuicios económicos, sino también de deterioro de imagen para la organización.

La Dirección General de Tráfico ha publicado este año una resolución que por primera vez incluía restricciones a la circulación de mercancías peligrosas en todas las comunidades autónomas en lunes posterior a Semana Santa, el pasado 5 de abril. Esa fecha únicamente era señalada como día festivo en cinco comunidades autónomas, pero la resolución ampliaba la prohibición al tráfico en todo el territorio nacional.

Ovidio de la Roza: el vicepresidente de la CETM, presidente del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), de Conetras y de Asetra ha sido reelegido por cuarto mandato máximo dirigente de la organización provincial. Entre sus objetivos destaca la construcción la nueva sede de Asetra en los terrenos de la Zalia.

 por María Fernanda Martínez Sierra

Al ministro de Fomento le pone la alta velocidad. El Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI), presentado el mes pasado por el Gobierno, servirá, en palabras de José Blanco, para construir nuevas infraestructuras de transporte durante los dos próximos años bajo un nuevo modelo de colaboración público-privada.

La economía española se mantiene, junto con la griega y la irlandesa, a la cola del crecimiento de los países desarrollados. Esto es debido a que la actividad sólo crece gracias a las ayudas fiscales, a que el mercado financiero no aporta soluciones reales, mientras que la confianza de los consumidores sigue por los suelos y el mercado laboral, que es sin duda el principal obstáculo para la recuperación, no sólo no mejora sino que todavía seguirá empeorando durante unos meses. Ante esta falta de claridad de cara al futuro, se hacen necesarias herramientas que aporten soluciones a las muchas necesidades que tienen las familias y las empresas en la situación actual. Sólo la aplicación de medidas realistas, como flexibilizar el mercado laboral y mejorar la productividad y la competitividad, incrementar la inversión en infraestructuras, reducir (nunca aumentar) la fi scalidad y facilitar el acceso a la financiación, entre otras muchas, reducirán los desequilibrios de los últimos años y nos llevarán de nuevo a la ansiada y necesaria senda del crecimiento.

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A estas alturas de la película que estamos viviendo, es inconcebible que determinadas organizaciones de transportistas (Confedetrans y Fenadismer, por qué no ponerles nombre) puedan plantear una modificación del régimen de autorizaciones de transporte (están en su derecho, es evidente), de tal forma que podría considerarse como una auténtica desregularización. Porque equiparar la autorización del ligero con la del pesado; eliminar los tres vehículos y las sesenta toneladas exigidas para acceder a la profesión y tocar temas como la antigüedad o la transmisibilidad de forma harto más que curiosa, constituyen una carga de profundidad que bien podría interpretarse como la regularización de situaciones anómalas, al amparo de estas pretensiones. Cualquier modificación al respecto debe hacerse siempre desde la más estricta legalidad. De lo contrario podemos encontrarnos con problemas añadidos, agravando actualmente la difícil situación de nuestras empresas.

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