
Precisamente, el Proyecto de Ley General de Prespuestos para 2012, recientemente presentado por el Gobierno español, incluye la derogación de este impuesto, que aplican varias comunidades autónomas, a partir del 1 de enero de 2013.
Junto al Proyecto de Ley, se faculta a las comunidades autónomas a que establezcan un recargo sobre el actual impuesto de hidrocarburos. El céntimo sanitario está en vigor desde enero de 2002 y grava los carburantes (tanto las gasolinas como los gasóleos) con una tasa de 2,4 céntimos por litro repostado. De forma adicional, existe un tramo autonómico, que aplican las comunidades que así lo deseen, y que varía entre los 1,5 céntimos de euro por litro de Murcia a los 4,8 céntimos por litro (el máximo permitido) de Cataluña, Castilla y León, Cantabria, Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana.
La Comisión Europea ha instado al Gobierno español a que modifique la legislación nacional en este sentido por considerar que dicho impuesto no se ajustaba a la normativa comunitaria, y ha amenazado con presentar una demanda ante el Tribunal Europeo de Justicia de Luxemburgo si no se corregía esta situación.
Si se dicta sentencia en contra de nuestro país, podría obligar a la Agencia Tributaria española a devolver a los consumidores profesionales y particulares lo recaudado hasta la fecha por este impuesto, que se ha calculado en unos 5.000 millones de euros.
En la actualidad, estos tres últimos gobiernos regionales han aprobado devolver el tramo autonómico al transporte por carretera, que les será devuelto mediante la figura del gasóleo profesional. Extremadura también tiene pensado devolverlo, aunque todavía no ha confirmado la cuantía ni la fecha de entrada en vigor.
Las únicas comunidades autónomas que todavía no aplican el céntimo sanitario son La Rioja, País Vasco, Aragón, Canarias, Navarra y Baleares, aunque estas dos últimas han anunciado que están pensando su aplicación.