
En concreto, Elena Mateos ha defendido que la industria del combustible suministra más del 50% de la energía que se consume en España, más del 95% del transporte de personas y mercancías depende de nuestros productos, y suministra gran parte de la materia prima que consume la industria nacional, como la industria química, cuyos insumos dependen en más del 50% de los productos que se fabrican.
Además, ha puesto en valor el papel del sector en momentos de crisis e incertidumbre, como la emergencia sanitaria, la DANA de Valencia o la reciente crisis eléctrica, donde infraestructuras críticas –como hospitales, puertos y aeropuertos– pero también supermercados o medios de comunicación “consiguieron mantener su funcionamiento gracias a los grupos electrógenos alimentados con combustibles líquidos”.
Con relación al régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, la directora general de AICE ha reclamado, en primer lugar, la aprobación “urgente” de la proposición de Ley, “para acabar con la incertidumbre y con el riesgo de desigualdad competitiva entre operadores que la indefinición de entidad competente está generando”.
Mateos ha recordado el retraso de 12 meses en la transposición de la Directiva 2023/959, lo que supone “un riesgo de desigualdad competitiva entre operadores, y puede comprometer gravemente el funcionamiento del sistema desde su arranque”.
Posición ante el régimen de comercio de derechos de emisión
Asimismo, Mateos ha solicitado mantener la definición actual de entidades reguladas del ETS 2, de forma coherente con la recogida en la Directiva, “como medida de eficiencia administrativa, pero también como medida de lucha contra el fraude en el sector de hidrocarburos”.
Las estimaciones del análisis de impacto de la norma apuntan a que el impacto económico de la implantación del ETS 2 en el transporte por carretera es de unos 4.000 millones de euros al año, lo que muestra la relevancia de introducir mecanismos preventivos del fraude, como que “las entidades reguladas sean los depositarios autorizados de los depósitos fiscales”.
Desarrollo de combustibles renovables
Junto con ello, la directora general de AICE ha reclamado apostar por la innovación y el desarrollo tecnológico de todas las soluciones energéticas en el transporte, como palancas clave para proteger la competitividad de la industria y del consumidor nacional.
"Desde la Asociación de la Industria del Combustible de España consideramos que es preciso aportar mayor claridad y certezas a la producción de combustibles renovables, con una trasposición ágil y completa de la RED III, definiendo sus objetivos de incorporación más allá de 2026 y, al menos, hasta 2030, en línea con el nuevo nivel de ambición de la Directiva" ha señalado Elena Mateos.
Además, "seguimos defendiendo la necesidad de adoptar el principio de neutralidad tecnológica, para incluir a todas las tecnologías que reducen emisiones, como los combustibles líquidos renovables, pero sobre todo para avanzar en la transición energética de manera segura, eficiente, accesible y que garantice la competitividad de la industria y los consumidores".
La industria del combustible es la cuarta industria exportadora en España, con más de 27.000 millones de euros anuales, genera 200.000 empleos y aporta más de 23.000 millones de euros a las arcas públicas cada año. Con una inversión anual de 700 millones de euros en sus centros de producción, España es una potencia europea en combustibles líquidos y cuenta con refinerías flexibles y competitivas, con una capacidad de producción superior al 13% de toda la Unión Europea.