
Durante las negociaciones ha habido avances en la concreción de medidas de diferente ámbito, como la contratación del transporte, fiscalidad, reglamentación sectorial y operaciones de transporte, que necesitaban de desarrollo legislativo.
Pero el principal escollo de las negociaciones se centraba en incrementar el tonelaje máximo permitido desde las actuales 40 toneladas hasta las 44 que desean los cargadores, algo a lo que los transportistas se niegan porque desconocen qué beneficios podrían conseguir ellos al aumentar la capacidad de sus camiones.
Según los cargadores, implantar las medidas negociadas supondría un beneficio global para el transporte de más de 12.000 millones de euros. Sin embargo, los transportistas desconfían de tal ventaja, asegurando que muchas de las normas que hoy están en vigor y benefician, supuestamente al sector del transporte “son ignoradas, por lo que el estado actual del mercado de transporte no parece ser el momento más adecuado para admitir las pretensiones de las empresas cargadoras de proceder a una eventual modificación del tonelaje máximo de camiones, al no quedar constatado que haya habido una mínima mejora de las condiciones de mejora del transporte, ni siquiera durante los dos años de negociación” que han llevado a cabo ambas partes.
Debido a la desconfianza que existe en el sector del transporte por carretera, las asociaciones que componen el Comité Nacional del Transporte consideran necesario crear una comisión de seguimiento que verifique la mejora del mercado del transporte y el grado de cumplimiento de los actuales aspectos normativos y regulatorios del transporte por parte de las empresas cargadoras, antes de abordar cualquier cambio normativo.