La posibilidad de que, al final, no se alcance un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre la salida de la Unión Europea antes del 29 de marzo (lo que se conoce como Brexit duro), hace necesario que tanto instituciones europeas como españolas adopten medidas legislativas y administrativas que permitan dar continuidad a las relaciones comerciales y de tránsito entre Reino Unido y España a partir de esa fecha.