La Comisión Negociadora del II Acuerdo General para las empresas de transporte de mercancías por carretera, integrada por la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y la Confederación Española de Operadores de Transporte (CEOT), en representación empresarial, y por Comisiones Obreras (CC.OO.) y la Unión General de Trabajadores (UGT), en representación sindical, ha firmado un acuerdo para incorporar al II Acuerdo General medidas específicas dirigidas a garantizar la igualdad de trato, la no discriminación y la protección de las personas LGTBI en las empresas del sector.

Transcalit, asociación de transporte y logística de la provincia de Barcelona, ha liderado este proceso de negociación y valora el acuerdo alcanzado, dado que aporta estabilidad laboral y seguridad jurídica al sector del transporte durante los próximos años.

La Asociación de Operadores de Recarga Ultrarrápida (AORU), ha valorado como positiva la publicación del informe del Consejo de Estado sobre el futuro sistema de e-credits y reclama que la futura regulación española, así como las órdenes ministeriales asociadas, reconozcan el papel de la electricidad en la descarbonización del transporte y contribuyan a acelerar el despliegue de infraestructura de recarga en todo el país.

Ante las informaciones sobre la posibilidad de incrementar la fiscalidad del gasóleo para cumplir uno de los compromisos vinculados a los fondos NextGeneration, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) reitera que "el transporte de mercancías por carretera no puede seguir siendo el sector al que sistemáticamente se recurre cada vez que es necesario aumentar la recaudación o cumplir objetivos ajenos a su propia actividad".

Desde hoy, el panorama del transporte europeo cambia bastante. Además de los vehículos de más de 3,5 toneladas, ahora también las furgonetas de entre 2,5 y 3,5 toneladas que realicen transporte transfronterizo tendrán que pasar a la segunda generación de tacógrafos inteligentes. Con el Smart Tacho 2, la Unión Europea quiere controlar más los tiempos de conducción y descanso de los conductores.

Las ayudas directas de 20 céntimos por litro de carburante para el transporte profesional, contempladas en el Real Decreto-ley 7/2026 para paliar los efectos de la guerra de Irán, han recibido el visto bueno definitivo de la Comisión Europea. Este hecho obliga al Ministerio de Hacienda a publicar de forma inminente la Orden Ministerial que articulará todo el procedimiento administrativo y los modelos de declaración responsable que deberán cumplimentar de forma obligatoria las empresas de mayor tamaño para acceder a los fondos.

La Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) valora de forma positiva la aprobación por parte del Consejo de ministros del Real Decreto-ley que prorroga, hasta el 30 de septiembre, las ayudas extraordinarias al transporte, manteniendo la bonificación de hasta 20 céntimos por litro, que responde a una necesidad que el sector del transporte trasladando al Gobierno desde hace semanas y que se espera sean ratificadas por Bruselas.

A medida que Europa experimenta olas de calor cada vez más frecuentes y el transporte de mercancías por carretera mueve más de 1,8 billones de toneladas-kilómetro de mercancías al año en toda la Unión Europea, se insta a los operadores de transporte a prepararse para el creciente impacto operativo de las temperaturas extremas. 

La autopista AP-68, a su paso por el territorio histórico de Álava, va a disponer de un nuevo sistema de pago por uso para vehículos pesado y ligeros, una vez que la infraestructura pase a titularidad foral el próximo 11 de noviembre. La norma foral plantea unas tarifas de carácter público inferiores a las actuales: un 50% menos para camiones y un 70% menos para turismos.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales de Transporte por Carretera (CONETRANS) quiere denunciar que, pese a los avances normativos conseguidos para equilibrar las relaciones entre transportistas y cargadores, siguen existiendo numerosas empresas cargadoras que incumplen total o parcialmente la obligación legal de revisar el precio del transporte en función de la evolución del coste del combustible.