¿Qué balance hace de la recaudación por multas al transporte profesional en los últimos años y qué porcentaje representa dentro del total?
"El transporte profesional es un sector esencial para la economía y para el funcionamiento cotidiano del país, algo que ha quedado especialmente patente en los últimos años, incluso en situaciones de gran complejidad. Desde la Dirección General de Tráfico mantenemos un contacto permanente con el sector, con reuniones periódicas y canales de comunicación abiertos que nos permiten conocer de primera mano sus inquietudes y necesidades. En ese contexto, conviene recordar que la sociedad se dota de normas para garantizar la seguridad vial, y el cumplimiento de esas normas es una responsabilidad compartida por todos los usuarios de la vía. Las sanciones no son un objetivo en sí mismas, sino una consecuencia del incumplimiento. Por tanto, las denuncias afectan solo a aquellos conductores que no respetan la normativa vigente".
El transporte de mercancías por carretera está limitado a 90 km/hora ¿el endurecimiento de controles responde a seguridad vial o a objetivos recaudatorios?
"El objetivo de la DGT es inequívoco: reducir al máximo la siniestralidad y avanzar hacia un escenario con cero víctimas en carretera. La movilidad debe ser, ante todo, segura. En este sentido, factores como el consumo de alcohol, los excesos de velocidad o el cansancio derivado del incumplimiento de los tiempos de conducción tienen una presencia muy relevante en los accidentes de tráfico. Por ello, los controles se centran precisamente en estos elementos de riesgo. No se trata de recaudar, sino de prevenir comportamientos que pueden tener consecuencias graves".
Con relación a las tasas de alcoholemia, ¿se plantea establecer un límite cero para conductores profesionales?
"La DGT ya ha expresado su posición favorable a establecer una tasa de 0,1 mg/l para todos los conductores. En la práctica, esta cifra se aproxima a un consumo cero de alcohol al volante y responde a la necesidad de minimizar cualquier riesgo asociado a la conducción".
¿Qué impacto tienen los controles de alcohol y drogas en el transporte de mercancías?
"La vigilancia y el control son herramientas fundamentales para garantizar el cumplimiento de la normativa. No solo en lo relativo al alcohol o las drogas, sino también en otros factores concurrentes que influyen en la seguridad vial. Estas actuaciones permiten prevenir accidentes y, en última instancia, evitar consecuencias irreparables".
¿Se están incrementando los controles específicos a transportistas frente a otros conductores?
"Los controles de tráfico se dirigen a todos los conductores, independientemente del tipo de vehículo. Es cierto que en determinados periodos se realizan campañas específicas centradas en ciertos colectivos o tipologías de vehículos, pero se trata de actuaciones puntuales que forman parte de la estrategia habitual de vigilancia".
"Las sanciones no tienen un fin recaudatorio: se aplican a quienes incumplen normas que buscan salvar vidas"
Parte del sector del transporte percibe una “criminalización” del conductor profesional ¿comparte ese diagnóstico?
"En absoluto. No existe ninguna voluntad de criminalizar al conductor profesional. Más bien al contrario, hay un reconocimiento claro a la labor que desempeñan, imprescindible para el funcionamiento de la economía. Ahora bien, también es cierto que los vehículos pesados, por sus características, pueden provocar siniestros de mayor gravedad. Esto obliga a extremar las medidas de seguridad y a aplicar la normativa con rigor".
¿Qué papel juega la DGT en la fiscalidad del transporte?
"La DGT no tiene competencias en materia fiscal. Se trata de una dirección general con funciones muy concretas, centradas fundamentalmente en la regulación y la seguridad vial".
¿Se está evaluando permitir excepciones al límite de 44 toneladas?
"En estos momentos no se está analizando esa posibilidad".
¿Se plantea separar los permisos o los puntos según el tipo de vehículo?
"No. Cuando se implantó el permiso por puntos ya se tuvieron en cuenta las particularidades de los conductores profesionales. Por ello, se estableció un régimen específico que contempla aspectos como la frecuencia de los cursos de sensibilización o los procedimientos para recuperar el permiso en caso de pérdida total de puntos".
Los euromodulares tienen restricciones de acceso fuera de los itinerarios autorizados ¿se plantea flexibilizarlas?
"La normativa reciente ha supuesto un avance significativo en la simplificación del uso de los conjuntos euromodulares, eliminando la necesidad de autorizaciones específicas. En la actualidad, estos vehículos pueden circular por una red amplia de itinerarios previamente definidos por las autoridades competentes, teniendo en cuenta las características de las infraestructuras. Además, se ha establecido un sistema que permite ampliar esta red en función de las necesidades del sector, siempre bajo criterios técnicos y de seguridad. También se contempla la posibilidad de utilizar tramos limitados fuera de la red, siempre que se garantice su viabilidad".
Las plataformas telemáticas están generando incidencias ¿qué medidas se están adoptando?
"La DGT mantiene reuniones periódicas con el Comité Nacional de Transporte por Carretera para identificar y analizar las incidencias que puedan surgir en la gestión telemática de trámites. Este seguimiento continuo permite implementar soluciones y mejorar de manera progresiva el funcionamiento de las plataformas".
"Mantenemos reuniones con el Comité Nacional de transporte para analizar las incidencias en la gestión de los trámites"
El transporte propone que la recaudación de multas revierta en mejoras para los transportistas ¿es viable esta medida?
"La normativa vigente establece de forma clara el destino de los ingresos procedentes de sanciones. Estos recursos deben dedicarse de forma íntegra a la financiación de políticas de seguridad vial, prevención de accidentes y atención a las víctimas. Por tanto, no está contemplado un uso diferente de estos fondos".
Seguridad vial en el transporte por carretera
Juan José Arriola defiende que la actuación de la DGT no responde a fines recaudatorios, sino a la reducción de la siniestralidad, poniendo el foco en riesgos clave como el alcohol, la velocidad o la fatiga. Rechaza la idea de una “criminalización” del transporte profesional, aunque subraya la necesidad de mantener un alto nivel de exigencia por el potencial lesivo de los vehículos pesados. El mensaje es claro: diálogo con el sector del transporte y avances graduales, pero con una prioridad invariable: mejorar la seguridad vial y reducir las víctimas en carretera.
