Más allá de las medidas previstas (entre ellas, la cláusula de revisión y variación de precios contemplada en los sucesivos decretos ley del inicio del verano y las bonificaciones de hasta 20 céntimos por litro de gasóleo previstas hasta septiembre), pueden resultar insuficientes para muchas empresas de transporte, ante esta situación larga marcada por la elevada volatilidad del coste del combustible.
La petición obedece a la “extrema situación de vulnerabilidad de las empresas desde 2022, con la guerra de Ucrania, que se ha agravado con el conflicto en Irán. Esta situación pone en peligro a las 6.000 empresas de transporte y logística que hay en la provincia de Alicante y, como efecto colateral, impacta en los costes industriales y la competitividad de nuestra industria”, ha señalado Marco.
Según el presidente de Fetrama, “las ayudas y bonificaciones en materia de Impuesto de Hidrocarburos restan liquidez a las empresas, sobre todo entre las más pequeñas y los autopatronos, que deben adelantar los costes y asumir los periodos de retorno por parte de la Administración”.
Urgencia en el pago de las ayudas al transporte
En este sentido, el responsable de FETRAMA urge a los organismos mayor celeridad en el pago de las ayudas. Considera necesario estudiar nuevos sistemas excepcionales que permitan responder con mayor rapidez a las variaciones del precio del combustible y garantizar unas condiciones más estables para las empresas y autónomos del transporte.
“Seguro que es posible crear nuevos sistemas excepcionales que permitan garantizar un ecosistema más adaptado a la volatilidad del sector, favoreciendo a empresas y trabajadores, permitiendo un entorno que equilibre la demanda y la oferta sin grandes oscilaciones y en detrimento en los precios de sus clientes” Antonio Marco
Además, el presidente de FETRAMA entiende que “el transporte debe ser considerado sector esencial y estratégico, como lo es la energía o las telecomunicaciones, y debe recibir una atención especial”.
Al respecto, el sector del transporte y la logística de la provincia reclama medidas que tienen que ver con la fiscalidad del sector, la aplicación de la normativa estatal y europea que incrementa costes y exige inversiones sin contrapartidas de apoyo de la Administración, así como la exigencia en materia de sostenibilidad y digitalización para un sector complejo.
