La actualización de las tarifas aplicables en la AP-51, AP-61, AP-6, AP-53, AP-66, AP-7 Alicante-Cartagena, AP-7 Málaga-Guadiaro, AP-68, AP-71, AP-9 y AP-46 se ha aprobado a través de una Orden Ministerial, a propuesta de la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje.
Por su parte, las tarifas de las autopistas de peaje que gestiona la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte Terrestre (SEITT) —R- 3/R-5; R-2; R-4, M-12, AP- 7 (Cartagena-Vera), AP-36 (Ocaña-La Roda) y la AP-41 (Madrid-Toledo)—, tendrán en 2026 un incremento del 2% para todas las categorías de vehículos, de conformidad con lo recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2024, por el que se aprueban las tarifas aplicables en determinadas autopistas de la Red de Carreteras del Estado.
Asimismo, se mantiene la gratuidad vigente en las autopistas de SEITT en el horario comprendido entre las 0:00 y las 6:00 h, todos los días del año.
En esta subida de tarifas de las autopistas gestionadas por SEITT no se incluye la autopista AP-7 (Circunvalación de Alicante), que pasa a ser de uso libre y gratuito para sus usuarios, tras el Acuerdo de Consejo de Ministros de 9 de diciembre de 2025.
La AP-9 experimentará la cuarta mayor subida de sus tarifas en lo que va de siglo, un 4,68% y la otra autopista del Estado en la comunidad gallega, la AP-53 (Santiago-Dozón) tendrá un alza en sus tarifas del 3,64
Fegatramer, a la espera de la reclamación administrativa ante el Consejo de Ministros para poder iniciar el proceso judicial de la AP-9
Los empresarios de transporte, representados por Fegatramer, cansados de la inacción de las autoridades y, en particular, del Gobierno de España, tomaron a principios del pasado mes de septiembre la decisión de iniciar el proceso para conseguir que se declare la nulidad de pleno derecho de las dos prórrogas de la concesión de la AP-9, así como de la venta de las participaciones de AUDASA.
Este procedimiento para conseguir la declaración de nulidad de pleno derecho de estas disposiciones y acuerdos que dieron lugar a estas prorrogas del a AP-9 pasa por solicitar del Consejo de Ministros la revisión de oficio de estos actos y disposiciones de manera que si esta revisión es denegada, ya de forma expresa, ya por silencio administrativo, quedará expedita la vía contencioso-administrativa, por lo que la asociación podrá interponer una demanda instando la declaración de esta nulidad de pleno derecho ante el Tribunal Supremo, que es el camino para poner principio y fecha al fin a esta situación que, en otro caso, seguirán dilatando durante años.
Desde el 1 de enero, las tarifas subirán entre un 3,64% y el 4,68%, en función de las condiciones específicas de cada concesión
El pasado 15 de septiembre, el presidente de Fegatramer, Ramón Alonso, concluida por los servicios jurídicos contratados la redacción del escrito que contiene esta solicitud, procedió a su presentación en el registro telemático del Ministerio de Transportes. En la copia del resguardo de presentación se revisan todas las disposiciones y acuerdos cuya legalidad se cuestionan en el escrito presentado. En el plazo de seis meses a la presentación de esta reclamación administrativa obligatoria, se podrá iniciar la reclamación judicial en el Tribunal Supremo.
Autopistas concesionadas
En el caso de las autopistas de peaje bajo concesión administrativa, el incremento autorizado responde al crecimiento del índice de precios al consumo (IPC), tal como contempla la legislación, y a las medidas extraordinarias y temporales aprobadas a finales de 2022 para limitar el alza de los peajes al 4% en 2023.
A finales de 2022, se habilitó una subvención para mitigar los efectos de la alta inflación, y se estableció la obligación de eliminarla a finales de 2026, repercutiéndola en el usuario de forma escalonada en el plazo de tres años.
Hay que tener en cuenta que la subida de tarifas es acumulativa, y de ahí la necesidad de repercutir de nuevo al usuario la diferencia que no abonó en 2023, aunque poco a poco, para que pueda ser asumida en mejores condiciones. Si no se hubiera continuado con esta medida en 2026, el alza de los peajes habría oscilado entre el 4,72% y el 5,86%.
La AP-9 experimentará la cuarta mayor subida de sus tarifas (un 4,68%) y la AP-53 (Santiago-Dozón) tendrá un alza en sus tarifas del 3,64%
El importe que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se destinará para esta subvención en 2026 se estima en 15 millones de euros. En total, la cantidad subvencionada por el ministerio entre 2023 y 2025 supera los 73 millones de euros, que han sido sufragados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
Subidas de tarifas de cada autopista
AP-9: 4,68%
AP-6, AP-51 y AP-61: 3,64%
AP-46: 4,68%
AP-53: 3,64%
AP-66: 3,64%
AP-7 Alicante-Cartagena: 4,68%
AP-7 Málaga-Guadiaro: 3,64%
AP-68: 3,64%
AP-71: 3,64%
Bonificaciones al peaje de autopistas
Además de las medidas extraordinarias y temporales aprobadas, el Gobierno realiza una política de ayudas para reducir los costes que soportan los usuarios que utilizan las autopistas de peaje estatales de forma habitual. En algunos casos, estas bonificaciones han sido concertadas con los Gobiernos autonómicos, que contribuyen económicamente a la medida.
Esta política se suma a la ya existente en varias autopistas, como la AP-71, AP-46, AP-51, AP-61, AP-7 Málaga-Guadiaro y AP-7 Alicante-Cartagena, en la que se establecieron descuentos por habitualidad o tarifas reducidas en distintas franjas horarias desde su puesta en servicio, como un requisito para su contratación, al objeto de reducir los costes para los usuarios habituales, así como para contribuir a un uso más funcional y seguro de la Red de Carreteras del Estado en su conjunto.
Así, en la autopista AP-9 se aprobaron en 2021 unas importantes bonificaciones por habitualidad que se suman a otros descuentos ya existentes, como el uso gratuito de los tramos Morrazo–Vigo y A Coruña–Barcala mediante el pago de un peaje en sombra por el Estado. En diciembre de 2024, se aprobó un incremento de estas bonificaciones.
En la AP-66, existen bonificaciones para vehículos pesados y para vehículos ligeros habituales, que han aumentado en los últimos años. También en la autopista AP-68 se establecen bonificaciones a los vehículos ligeros y pesados desde 2009, siendo la última actualización de 2021.
La CETM se ha mostrado siempre en contra del pago por uso de las infraestructuras. En una reciente entrevista a Transporte Profesional, su presidente, Carmelo González ha señalado que "desde la CETM nuestra postura es muy clara: nos oponemos tanto al aumento de la fiscalidad de los combustibles como a la implantación de peajes en las carreteras. El transporte por carretera ya realiza un esfuerzo fiscal considerable a través de impuestos como el de hidrocarburos y el IVA, que contribuyen más que de sobra al mantenimiento de nuestras infraestructuras".
