El expediente resuelto tuvo su origen en una investigación iniciada en mayo de 2013 a raíz de los informes publicados por la Comisión Nacional de la Competencia y la Comisión Nacional de la Energía sobre el alineamiento de los precios de venta al público de combustibles en estaciones de servicio.

Tras las inspecciones hechas en las sedes de varios operadores petrolíferos, se incoó el expediente contra Repsol S.A., Compañía Española de Petróleos SAU (Cepsau) y BP España (BP) y Lence Torres S.L. y Complejo San Cristóbal S.L (Lence), Cerro de la Cabaña S.L. (Cerro de la Cabaña), Estación de Servicio Marcas S.A. (Macarsa) y Estación de Servicio Lorquí, S.L. (Lorqui), por coordinación en materia de precios entre cada uno de los operadores de productos petrolíferos y los empresarios independientes que operan en sus respectivas redes de distribución de combustible de automoción.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recuerda que estas conductas han tenido lugar en el mercado de distribución mayorista y minorista de carburantes de automoción en España. Casi dos tercios de los puntos de venta de la petrolera Repsol tienen un vínculo fuerte y casi el tercio restante son de gestión propia.

Para el organismo público, "las prácticas acreditadas revisten de una especial gravedad, ya que cualquier acuerdo o intercambio de información entre rivales para no competir a la baja en precios supone una grave restricción a la competencia que es particularmente nociva para el consumidor".