El informe confirma que las empresas viven con preocupación el impacto que las actuales tensiones geopolíticas y comerciales tienen sobre el buen funcionamiento de sus cadenas de suministro, en especial en una economía cada vez más globalizada.

De hecho, el 65% lo identifica como el principal riesgo latente a medio plazo, mientras que el 13,5% destaca como su principal preocupación los fenómenos climáticos extremos y la escasez de recursos naturales y el 12% apunta al crecimiento de la polarización, la desinformación y el aumento de la conflictividad social.

Prudencia ante el cierre de año

Las perspectivas para el último trimestre del año reflejan una visión dispar entre las empresas participantes. El 43% de estas se muestra optimista sobre la evolución de los próximos meses. El 40% prevé un trimestre difícil y reconoce que no tiene grandes expectativas y un 16% condiciona sus expectativas a la evolución de la situación política y social.

A pesar de la incertidumbre, la mayoría de compañías no cambiará sus planes a corto plazo. Así, el 69% declara que mantendrá los planes previstos para el próximo año, mientras que el 16% declara que buscará nuevas oportunidades de negocio y el 15% frenará sus inversiones.

La productividad, principal palanca de crecimiento

El informe confirma también la preocupación del sector por cómo el contexto geopolítico está incrementando los costes empresariales. En ese sentido, el 75% declara que la principal consecuencia del actual entorno de inestabilidad y conflictividad es el encarecimiento de las materias primas, la energía, los envases y el transporte, mientras el 16,5% señala el debilitamiento del consumo y los cambios en los hábitos de compra de los consumidores.

En este escenario, la mayoría de empresas (70%) identifica la mejora de la productividad como la principal vía para dinamizar el crecimiento económico, frente a un 12% que considera prioritario contar con políticas de apoyo a la inversión y al emprendimiento.

Preguntadas sobre las peticiones que realizarían al Gobierno que salga de las urnas el próximo 29 de noviembre, el 51% de los participantes reclama medidas destinadas a recuperar el poder adquisitivo del consumidor.

En opinión del director general de AECOC, José María Bonmatí es una medida sumamente necesaria ya que “en un contexto de alta inflación, no haber deflactado el IRPF ha supuesto, en la práctica, una subida fiscal “encubierta” para muchos contribuyentes. Mientras el Estado ha registrado unos ingresos extraordinarios, el peso de la inflación y de la presión fiscal ha recaído con especial intensidad sobre la clase media que es la que sostiene y dinamiza el consumo en nuestro país”.