Como primera medida, se ha encomendado a un bufete de abogados ejercitar ante el Tribunal Supremo las acciones que procedan de inmediato para solicitar la declaración de nulidad de las dos prórrogas concedidas a la concesionaria Audasa (una de 10 años, desde 2013 a 2023 y otra de 25 años, de 2023 a 2048) y, en consecuencia, la nulidad y eliminación del cobro de peajes.
"Estas dos prórrogas de la concesión de la AP-9, concedidas por el Estado español, además de incumplir con el ordenamiento vigente en materia de contratación pública (pues ambas se obvió el necesario procedimiento de licitación, siendo modificaciones sustanciales de éstas y se omitió la obligada publicidad mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Unión Europea) su motivación resulta sonrojante: la primera prórroga respondió a las necesidades de Audasa, derivadas del retraso en la puesta en servicio de la AP-9, y la segunda sirvió para que el Estado inflase su valor e ingresase 1.000 millones de euros más por la venta de las acciones de Audasa" asegura el secretario general de Fegatramer, José Carlos García Cumplido.
"Esto ha supuesto cargarlos sobre las espaldas de los usuarios de la AP-9 y, a la vez, posibilitar que en estos 25 años aquélla amortizase los 963 millones de euros pendientes y estos 1.000 más, es decir, 1.963 millones de euros que deberán pagar los usuarios" ha explicado en rueda de prensa.
"Un verdadero fraude de ley, un buen negocio para el gobierno de turno y para Audasa, pero ruinoso para los transportistas, los usuarios de la AP-9 y, en definitiva, para Galicia" Fegatramer
Según los portavoces de Fegatramer, "los transportistas gallegos (y en especial, los propietarios de los más de 4.000 vehículos de transporte de mercancías, entre pesados y ligeros, que cada día de media utilizan la AP-9) están hartos de esperar. Procede actuar para dejar de pagar estos peajes ilegales y abusivos y recuperar lo pagado a un contratista, Audasa, cuyo contrato para cobrarlos resulta nulo de pleno derecho" han afirmado.
Los representantes de la federación gallega de transporte creen que "pretenden tomarnos por tontos cuando dicen que han ahorrado a los gallegos 375 millones de euros en peajes desde 2018 (unos 62 millones al año de los más de 200 millones que pagamos de peajes entre todos los usuarios de la AP-9 cada año. Lo suyo sería decir que los pagamos vía impuestos, es decir, con el dinero de todos. Consideramos que estos recursos deberían destinarse a resolver este contrato y, en su caso, si procede, indemnizar a Audasa en caso de que lo recaudado no le haya permitido amortizar la inversión realizada" y recordaron que la Xunta de Galicia ha cifrado este rescate entre 1.612 y 2.355 millones de euros.
