Hasta 2016, el régimen de módulos permitía a los transportistas acogerse a él siempre que no superasen una facturación anual de 450.000 euros, sin importar si facturaban a empresas o a particulares. A partir de esta fecha, los límites pasaron a ser de 150.000 euros con carácter general y de 75.000 euros en caso de que la mayor parte de los ingresos provinieran de empresas o profesionales, tal y como ocurre con la mayoría de los transportistas autónomos.
No obstante, ante la presión del transporte y las dificultades de adaptación, se acordó con el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), del que la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) forma parte, un periodo transitorio de dos años que elevaba el límite de 75.000 a 125.000 euros.
Desde entonces, este periodo de carencia y adaptación ha ido encadenando prórroga tras prórroga, pues los sucesivos gobiernos ni se han atrevido a aplicar la reforma de 2015 ni tampoco a derogarla.
De hecho, el Gobierno actual ha sacado a consulta pública el proyecto de Orden del Régimen de Módulos para 2026 por lo que es previsible que se prorrogue el límite anual de facturación, tal y como ha ocurrido en los últimos ejercicios.
Ante este escenario, la CETM considera que ha llegado el momento de poner fin a estas continuas y repetidas prórrogas que, "además de ir en contra del criterio del Comité Nacional de Transporte por Carretera de que se elimine este sistema de tributación (un rara avis en el conjunto de sistemas fiscales europeos), han generado una inseguridad jurídica innecesaria porque, en varias ocasiones, no se ha sabido si se iba a prorrogar, no se ha conocido hasta el último día del año o hasta ya comenzado el año fiscal, como ocurrió el curso pasado".
"El transporte de mercancías por carretera es un sector esencial para la economía de este país y necesita certeza y estabilidad en las reglas fiscales que se le aplican" CETM
En opinión de la CETM, "es necesario avanzar hacia un modelo fiscal más homogéneo y equilibrado, que reduzca las diferencias tributarias existentes y contribuya a fortalecer un marco común en el que puedan convivir todos los actores del transporte, sin importar su volumen de facturación".
"Dicho modelo debería basarse en un sistema de estimación directa que contemple las deducciones correspondientes en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) vinculadas a la actividad, tal y como ya ocurre en determinadas comunidades autónomas de este país, como las diputaciones forales vascas y la Comunidad Foral de Navarra" han señalado.
