La medida ha sido consecuencia de la denuncia presentada por la asociación española de transporte internacional (Astic), que abrió diligencias contra la medida lanzada por el Reino Unido, al considerar esta práctica "discriminatoria". En un primer momento, instó a los comisarios europeos Sim Kallas y Joaquín Almunia (de Transporte y Competencia, respectivamente) a tomar cartas en el asunto, y lo mismo hizo ante el Gobierno español, solicitando al Ministerio de Fomento que actuara en pro de los derechos de los transportistas españoles.

Ante el escaso eco producido en las administraciones públicas, Astic buscó apoyo profesional con un bufete de abogados en Bruselas y presentó formalmente sus denuncias ante la Comisión Europea.

Según Ramón Valdivia, director general de asociación de transporte, "la apertura del procedimiento de infracción es una buena noticia para el transporte internacional por carretera y para todo el sector, es un primer paso que pone en duda la legalidad de una tasa que discrimina entre empresas de transporte por su nacionalidad".