La gravedad que representan estos hechos para el transporte de mercancías por carretera, "que ha sufrido notables pérdidas económicas y se ha sentido secuestrado por la acción violenta de estos grupos, junto a la aparente ausencia de consecuencias que han tenido para los responsables de las acciones (con lo que ello puede suponer de cara a su repetición), han sido los motivos fundamentales que nos han impulsado a presentar esta denuncia".
Por su parte, en la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), "pretendemos ir un paso más allá y estamos trabajando en la posible presentación de una reclamación patrimonial contra la Generalitat de Cataluña y el Estado por omisión de sus funciones en la preservación de la libre circulación de vehículos y mercancías, reconocido en el artículo 19 de la Constitución Española, por un importe cercano a los 150 millones de euros".
"Nuestro objetivo es que todas las empresas de transporte que se han visto perjudicadas por el corte sistemático de las carreteras catalanas (especialmente de la AP-7, que es nuestra principal conexión con la Unión Europea), puedan reclamar las indemnizaciones correspondientes por las millonarias pérdidas sufridas" anuncian en un comunicado.
