Tras un año y medio de deliberaciones, se han anulado las propuestas de convenio presentadas por la Abogacía del Estado en representación de SEITTSA, la empresa estatal dependiente de los Ministerio de Fomento y Hacienda que gestiona las infraestructuras terrestres públicas.
El plan de rescate de Fomento, pactado con algunos acreedores pero rechazado por otros contemplaba aplicar una quita del 50% del pasivo y convertir el resto en un bono a 30 años.
El rechazo de las propuestas de convenio supone el inicio de la fase de liquidación, lo que, según contrato, se aplicaría la cláusula de responsabilidad patrimonial, que podría a Fomento en la obligación de hacer frente a unas indemnizaciones de unos 4.500 millones de euros.
