En la carta de rescisión del contrato, el secretario de Estado ha declarado tener "dudas sobre la validez del contrato inicial, en vista de las exigencias constitucionales que se imponen al Estado, cuando se confía a personas privadas la gestión de ciertas actividades”.

Según los términos del contrato, el coste de la rescisión podría llegar a los 1.000 millones de euros en un año, de los cuales, 800 millones se han de pagar sin retraso. La empresa asegura que continúan las negociaciones entre el Estado y la sociedad privada franco-italiana Ecomouv, algo que nunca ha sido confirmado por el Gobierno francés.