Noviembre 2025 / Transporte Profesional 23 FEGATRAMER Cansados de la falta de respuesta por parte de las autoridades y, en especial, del Gobierno de España, los empresarios del transporte han presentado una reclamación administrativa ante el Consejo de Ministros con el objetivo de iniciar el proceso judicial para declarar la nulidad de pleno derecho de las prórrogas concedidas a la actual concesionaria, Audasa (Autopistas del Atlántico, S.A.), así como de la venta de sus participaciones. La AP-9, eje vertebrador de la movilidad gallega y principal conexión norte-sur de la comunidad, arrastra una historia de polémicas desde hace años. Las dos prórrogas de la concesión otorgadas a Audasa —que extienden su gestión hasta 2048— han sido duramente criticadas por organizaciones del transporte, usuarios y partidos políticos gallegos, que las consideran ilegales y contrarias al interés público. Según explica Fegatramer, dichas ampliaciones de plazo se realizaron sin el preceptivo concurso público y vulnerando el principio de libre competencia, tal como señaló la propia Comisión Europea en un dictamen crítico hacia el Gobierno español. Sin embargo, lejos de corregir la situación, el Ejecutivo habría presentado alegaciones para defender las prórrogas, un movimiento que, en opinión de la federación, solo busca ganar tiempo y dilatar una solución. “Llevamos años reclamando justicia y transparencia. La AP-9 se ha convertido en un símbolo de la falta de equidad en las infraestructuras gallegas”, subrayan desde Fegatramer. Camino legal El procedimiento iniciado por la federación busca que el Consejo de Ministros revise de oficio los actos administrativos que dieron lugar a las prórrogas de la concesión. Este paso es imprescindible antes de acudir a la vía judicial. En caso de que la revisión sea denegada, ya sea por resolución expresa o por silencio administrativo, Fegatramer podrá acudir al Tribunal Supremo para interponer una demanda solicitando la declaración de nulidad de pleno derecho. El objetivo, explican desde la organización, es “poner fin a una situación injusta y lesiva para Galicia”, que mantiene a transportistas y usuarios pagando peajes “desproporcionados” mientras el Estado permite la continuidad de una concesión cuestionada incluso por Bruselas. Uno de los aspectos más criticados por la federación es el oscurantismo del Gobierno y denuncian que, a día de hoy, “no se ha hecho público el contenido del dictamen de la Comisión Europea ni las alegaciones remitidas por el Ejecutivo español en defensa de su actuación”. La federación exige que se publiquen los argumentos que el Gobierno ha enviado a Bruselas y que se dé a conocer qué reproches concretos ha formulado la Comisión Europea sobre la legalidad de las prórrogas. Fegatramer da el paso para que se anule la prórroga de la AP-9 Junta directiva de Fegatramer. La Federación Gallega de Transporte de Mercancías (Fegatramer) ha presentado formalmente una reclamación administrativa ante el Consejo de Ministros con el propósito de abrir la vía judicial que permita anular las prórrogas de la concesión de la autopista AP-9, una cuestión que lleva años generando polémica en Galicia.
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