16 Transporte Profesional / Enero 2025 EN PORTADA La organización sobre la que se ha actuado sería la responsable de un presunto fraude a la Hacienda Pública en los ejercicios de 2020 y 2021, que alcanzaría los 133 millones de euros. Al mismo tiempo, estas empresas transferían los fondos correspondientes a los beneficios generados en la evasión del impuesto a cuentas bancarias de otras sociedades mercantiles ubicadas en países terceros. Para cumplir con éxito esta operación la Guardia Civil y la Agencia Tributaria practicó seis detenciones (dos en Sevilla y cuatro en Madrid), así como dos entradas y registros en sedes sociales de empresas en Madrid. Competencia desleal El problema de este fraude se amplía por el hecho de que las empresas fraudulentas, además de no pagar los impuestos correspondientes a su actividad, hacen competencia desleal en su sector, ya que, al no pagar esta tasa, se permiten bajar los precios y ofrecer tarifas más interesantes a los clientes. Otro efecto colateral es, a veces, la vinculación de las empresas que actúan al margen de la ley con el crimen organizado, ya que las operaciones fraudulentas están, en ocasiones, relacionadas con el redes delictivas que van más allá de la evasión de impuestos, como el contrabando de combustible y otras actividades ilícitas. Tanto los inspectores de Hacienda como el sector de hidrocarburos proponen que una solución al problema sería que los operadores paguen el IVA en cuanto el producto salga de los depósitos fiscales. Esto funcionaría como un aval para la Agencia Tributaria y podría evitar que las empresas desaparecieran antes de pagar sus impuestos. Otra posible solución al problema sería limitar el número de operadores que pueden operar en el mercado. Sin embargo, esta propuesta no cuenta con el visto bueno de todo el mundo, ya que algunos creen que esta medida concentraría y limitaría la competencia en los operadores refineros, además de implicar a terceros actores en la gestión del IVA. También existe la opción de aumentar la labor inspectora sobre los operadores que compran y venden carburante, así como a todas las empresas que deben pagar el IVA de sus transacciones. Acciones Ante esta situación, asociaciones implicadas como la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR), la Asociación de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), la Confederación Española de Empresarios de Cómo logran defraudar Las empresas que comercializan con carburantes tienen que pagar dos tributos distintos: el impuesto de hidrocarburos y el IVA. Mientras está almacenado, el combustible está en régimen suspensivo, es decir, libre de tributar. Una vez que sale del almacén, es obligatorio pagar a la salida del depósito fiscal el impuesto de hidrocarburos, con la posibilidad de abonar el IVA en la declaración trimestral. Pero eso no es todo: en el cálculo del precio final, se deberían incluir otras obligaciones sectoriales, como la reserva de biocarburantes para la aportación anual al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, algo que las empresas fraudulentas no hacen. La Unidad Central Operativa ha calculado en 530 millones de euros el fraude destapado por la Guardia Civil desde mediados de 2021 hasta 2024. Por su parte, la AOP (la patronal de las empresas energéticas) lo cifra en 1.200 millones anuales, y la consultora KPMG va más allá: 26.000 millones de euros entre 2012 y 2022. El Ministerio de Hacienda, encabezado por María Jesús Montero, dirige las investigaciones a los operadores que, estando en el mercado, no pagan el IVA. Hay diversidad de opiniones de lo que supone este fraude a las arcas del Estado. Operación conjunta entre la Oficina Nacional de Investigación del Fraude y la Unidad Central Operativa. El fraude del IVA representa una cuarta parte del volumen de todo el combustible que se comercializa en España
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