18 Transporte Profesional / Enero 2023 EN PORTADA El pasado mes de agosto, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 14/2022 de medidas de sostenibilidad económica en el sector del transporte, tras las negociaciones entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y el Comité Nacional de Transporte por Carretera. Esta norma, conocida como Ley de la Cadena de Transporte, incluye reivindicaciones históricas del colectivo de transportistas como la prohibición de contratar a pérdidas en el sector, la prohibición de que el conductor haga las operaciones de carga y descarga o la obligación de hacer contratos por escrito en las empresas de transporte de mercancías. El argumento que ha dado Vox para presentar este recurso ha sido que las nuevas medidas legislativas “afectan a la libertad de empresa”. El grupo parlamentario cuestiona la legalidad de las principales medidas regulatorias contenidas en dicha Ley, cuyo objetivo es reequilibrar las relaciones comerciales entre transportistas y cargadores. En opinión de la parte demandante, la actividad empresarial del transporte debe ejercerse “en libre competencia y sin imposiciones sobre las decisiones empresariales”. Hay que señalar que, aunque el recurso planteado ha sido admitido a trámite por el Tribunal Constitucional (al haber cumplido todos los requisitos formales exigidos), esto no afecta a la vigencia de la norma, que no quedará suspendida por el recurso planteado. Además, el retraso que acumula el citado tribunal por la inmensa cantidad de casos que debe resolver antes, no se prevé que se resuelva en los próximos años, dada también la situación en la que se ve inmerso en los Qué es el Tribunal Constitucional Qué es un recurso de inconstitucionalidad Es un tribunal independiente del sistema judicial (es decir, no se hacen juicios) y sirve para interpretar la Constitución en asuntos que puedan ser dudosos o en normas que presenten problemas a la hora de ser aplicadas. Sólo está sometido a la Constitución española y la Ley Orgánica que lo regula. El Tribunal Constitucional puede dictar reglamentos sobre su propio funcionamiento y organización, así como sobre el régimen de sus integrantes y servicios. Está formado por 12 miembros nombrados por el Rey. De ellos, cuatro lo son a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro, a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos, a propuesta del Gobierno, y otros dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial. Es uno de los procesos que se pueden presentar ante este tribunal, que valora la conformidad o disconformidad de una ley, disposición normativa con rango de ley del Estado o de las comunidades autónomas. Este recurso ha de interponerse en un plazo de tres meses a partir de la publicación oficial de una Ley. Se tienen que expresar las circunstancias de identidad de las personas u órganos que ejercitan la acción y concretar la Ley, así como el precepto constitucional que se entiende está infringiéndose. Al admitirse a trámite, el Tribunal Constitucional tiene que informar al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno, para que puedan personarse en el procedimiento y formular las alegaciones que estimen oportunas. Sede del Tribunal Constitucional en Madrid. Transcurrido el plazo de personación y alegaciones, el Tribunal Constitucional dictará sentencia. Las empresas de transporte están haciendo cumplir la norma y, por ahora, el grado de cumplimiento es alto.
RkJQdWJsaXNoZXIy MjU3NjU=