Transporte Profesional 426 Octubre 2021

L a morosidad es, probablemente, el principal caballo de batalla que tie- nen las empresas de transporte de mercancías por carretera. El inau- dito, reiterado y cada vez más dila- tado retraso en los pagos, por parte de los cargadores, está generando una alarmante falta de liquidez que, además de lastrar la competitividad de nuestras empresas, consi- gue en no pocos casos su asfixia hasta alcan - zar su total ruina. Pues bien, tras trece meses de desespe- rantes negociaciones y esperas, el acuerdo firmado entre el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC) el 23 de ju - lio de 2020, ha dado, al menos y por ahora, un jugoso fruto, al aprobar el Congreso de los Diputados la Ley contra la Morosidad en el transporte por carretera, una de las histó - ricas reclamaciones de nuestro sector. Esta norma modificará la LOTT. En sustan - cia, los plazos de pago se verán reducidos a un máximo de 60 días, y entrarán en vigor las multas por su incumplimiento, que oscilarán entre 401 y 6.000 euros (esta última cifra para las infracciones graves); no obstante, las sanciones podrían alcanzar la nada des- deñable cifra de 30.000 euros, si la conducta del moroso afectara de forma manifiesta a la capacidad y solvencia económicas del acree - dor, es decir, que pudiera comprometer la supervivencia de su empresa. La trascendencia de esta Ley es enorme, máxime cuando apenas existen sectores económicos en nuestro país que contemplen sanciones a causa de la morosidad. El apre- tado resultado de votos en el Congreso para sacarla adelante no hace sino confirmar que nuestros representantes han peleado hasta la saciedad para su puesta en práctica y bien podría afirmarse que se ha conseguido un éxito en esta dura negociación. Sin embar - go, esta podría ser una victoria pírrica, si los afectados no son capaces de denunciar los abusos cometidos por su clientes, los carga- dores, incluidos aquellos operadores logís- ticos que subcontratan transporte, siendo ellos, a su vez, transportistas. Y no digamos de la Administración pública, primera incum - plidora en prácticamente todos sus niveles. Por supuesto que no es fácil enfrentarse a quien ostenta una posición de dominio, pero no debemos olvidar que aquí va a fun- cionar también la Inspección y las sanciones podrían lloverle al transportista, si no está cobrando “en tiempo y forma”, a los 60 días como máximo, a pesar de no tener culpa al - guna. El transportista tiene, por una vez, la Ley de su parte y eso debería ser suficiente para “obligar” o “convencer” a sus clientes a que cumplan y paguen a los 60 días, vuelvo a repetir, como máximo. No falta quien seña - la que se trata, además, de una cuestión de “educación” por ambas partes y que la acep - tación mutua de esta norma requerirá de un tiempo prudencial. De todas formas, las Juntas Arbitrales están ahí para dirimir las controversias, en cuantías de hasta 15.000 euros. Evidentemente, la nueva Ley no será la panacea para el transporte, pero si la pre- sión ejercida para su aprobación sirve para mejorar las condiciones de contratación de nuestros transportistas, habrá que dar por buenos todos los desvelos. Restan aún no pocas cuestiones pendien - tes, vitales para la supervivencia del sector, que precisamente fueron, también, motivo de pacto con Transportes en el mismo do - cumento citado, hace poco más de un año. Ahí tenemos la espada de Damocles de las 44 toneladas o la Euroviñeta (los peajes), que la nueva ministra de Transportes, Raquel Sánchez, se empeña en aplicar lo antes po - sible, sin entender que su obcecación podría costarle un serio disgusto, pues el sector no está dispuesto a admitirlos bajo ninguna for - ma; la triquiñuela de que serán los cargado - res quienes carguen con este “mochuelo” es una disculpa falaz, porque es un boomerang que rebotará contra el sector. Tampoco nos olvidamos de la carga y descarga, de los pla- zos de devolución del gasóleo profesional, de los módulos y más recientemente de la falta de conductores, del encarecimiento de los combustibles y, ya es el colmo, de la dificultad de comprar vehículos nuevos, por culpa de la carencia de los microchips. Ahora, cuando da la impresión de que estamos (ojalá) en los últimos estertores de esta maldita pandemia, no hay otra consig - na, otra medicina que seguir peleando, eso sí, unidos; se avanzará poco, sí, pero sin pau - sa. Y esta Ley da buena prueba de ello. Por fin, algo positivo Número ordinario 3 euros Números atrasados 5 euros Catálogo 9 euros Separatas 3 euros Editor JAVIER BARANDA Director SAÚL CAMERO Redactores Raquel Arias y Álvaro Pedroche Pruebas Txetxu Calleja Fotografía Juan Caraballo Vídeo Pedro Ruiz Diseño y maquetación Jose Manuel Cebrián Consejo de redacción Ovidio de la Roza, Miguel Valverde, Dulsé Diaz, Jose María Quijano, Carmelo González y Miguel Pereira. Publicidad Nieves González ngonzalez@bgo.es Brígida Gonçalves brigida@bgo.es Suscripciones Amalia Moumary suscripciones@bgo.es Imprime MONTERREINA, S.L.U. Calle Cabo de Gata, 1 28320 Pinto. 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