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    España y Dinamarca lideran la lucha contra la Directiva de Desplazamiento de Trabajadores aplicada al transporte

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    La Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha trabajado con la Asociación Danesa para el Transporte por Carretera de Mercancías (ITD) en la elaboración de un documento conjunto para que las autoridades comunitarias se den cuenta de que los conductores de internacional no son trabajadores desplazados, por lo que la Directiva de Desplazamiento de Trabajadores no debería aplicarse en su caso.

    Los transportistas europeos pueden llegar a atravesar, en una sola jornada, tres y hasta cuatro fronteras de Estados miembros de la Unión Europea. "Por lo tanto, carece de lógica aplicar una normativa como la del desplazamiento de trabajadores, que está diseñada para empleados que realizan actividades laborales durante periodos de meses o años en un Estado distinto al del origen del trabajador o del país que está contratado", aseguran en Astic.

    Tanto la asociación danesa como la española han recabado la firma de otras 12 asociaciones de transporte por carretera europeas de Portugal, República Checa, Irlanda, Holanda, Polonia, Letonia, Lituania, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, Estonia y Hungría, para firmar una declaración conjunta. A su juicio, leyes como la Macron en Francia o la MiLog en Alemania han producido "una enorme carga burocrática y un verdadero caos normativo que coloca a las empresas y a los trabajadores extranjeros en una flagrante indefensión jurídica".

    El argumento de las 14 asociaciones europeas de transportes es que "de continuar este estado de cosas, las empreas de transporte internacional por carretera deberán lidiar en Europa con hasta 20 legislaciones nacionales diferentes y hasta 50 niveles de salario mínimo, lo que tendrá una repercusión negativa en las medianas y pequeñas empresas de transporte, con menos recursos y flexibilidad para atender tan compleja situación normativa".

    Y continúan: "la declaración conjunta alerta de que se está fomentando que las empresas acaben por afrontar la reducción de sus operaciones transfronterizas, o bien recurran a la subcontratación de "autónomos", en detrimento del trabajo de sus propios conductores asalariados. Cualquier traba que se le ponga al transporte internacional por carretera en contra de los intereses de nuestras empresas y, por tanto, contra los intereses de la economía española en su conjunto".

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