
El gasóleo profesional es una bonificación fiscal que se calcula por la diferencia respecto del impuesto de hidrocarburos que se aplica al gasóleo de uso particular, y que es de 4´9 céntimos por litro. Los beneficiarios del gasóleo profesional son los titulares de camiones de más de 7’5 toneladas de masa máxima, autobuses y taxis, sobre los consumos que realicen a través de tarjetas de carburante, bien en estaciones de servicio o en sus propias bases a través de una unidad de suministro propio debidamente legalizada.
No es la primera vez que el Gobierno manifiesta su intención de eliminar dicha figura. Así, con ocasión del Documento del Plan de Recuperación y Resiliencia que remitió a la Comisión Europea el pasado mes de abril se incluía tal supresión al señalar que “con el objetivo de moderar las emisiones de gases de efecto invernadero y, por ende, cumplir los compromisos europeos en materia medioambiental, se considera precisa la revisión de las bonificaciones existentes en la actualidad en algunos carburantes empleados en automoción”.
Acuerdos con el Ministerio de Transportes
En junio de 2020, Gobierno llegó a un acuerdo pactado con las asociaciones de transportistas y el Ministerio de Transportes que incluía diez reivindicaciones del sector, entre otras, el mantenimiento del régimen de gasóleo profesional e incluso su ampliación a los vehículos de transporte de menor tonelaje.
Hay que recordar que, pese a la apuesta de los gobiernos nacionales y de la Unión europea por la electrificación de la movilidad en Europa, en el transporte profesional es a día de hoy y en los próximos años algo muy difícil de conseguir, como así lo reconoce la Comisión Europea en su nuevo Libro Blanco de Transporte que, pese a su objetivo de descarbonizar el transporte y apostar por energías alternativas "seguirá dependiendo del petróleo en el 77% de sus necesidades energéticas de aquí a 2050”.